Mostrando entradas con la etiqueta educación. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta educación. Mostrar todas las entradas

Calidad de vida: Opinión ciudadana

0 comentarios
“Bienestar, Satisfacción y Felicidad de un Individuo…”


Se aplicó una encuesta en la segunda semana de octubre de 2008 sobre Garantías Sociales a 1,200 ciudadanos de 120 secciones electorales en todo el país.

El diseño fue elaborado por el “Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública” de la Cámara de Diputados y la “Universidad de Monterrey”. “Consulta Mitovsky” fue la responsable del levantamiento de campo. Comparto con ustedes.

Lo primero fue evaluar el conocimiento y percepción sobre los derechos fundamentales.

Se les preguntó: ¿cuáles de los siguientes cree usted que son derechos sociales y cuáles no?

La respuesta fue que sí eran derechos sociales, se las presento comparándolas con las respuestas obtenidas en 2007:

  • Tener acceso a servicios de salud de calidad 81.2 / 90.7%,
  • Recibir educación de calidad 80.5 / 88.2%,
  • Tener seguridad social 76.8 / 85.5%,
  • Tener una vivienda digna 71.5 / 84.1%,
  • Tener acceso a la alimentación 71.7 / 83%,
  • Tener trabajo bien remunerado 71.4/ 81%, y
  • Ser tomado en cuenta para la toma de decisiones públicas 66.6 / 79.6%.

Como usted aprecia lectora lector, los anteriores, además de ser considerados por la población como fundamentales, ha existido un incremento muy significativo, mayor del 10% en el último año, destacando los servicios de salud.

Al preguntarles cuáles de ellos tenía en específico y de calidad eran, la resultante mostró que el 42.9% no tenían trabajo bien remunerado, y los que tenían el 29.7% era Muy Bueno o Bueno MB/B.

El 24.1% no sentía ser tomado en cuenta para la toma decisiones; los que sí consideraban que el 32.4% de las veces era MB/B.

El 21% informó no tener seguridad social, de los que sí, el 36.6% dijo que era MB/B.

El 19.3% no recibían educación de calidad, los que sí, el 40.8% dijo que era MB/B.

El 13.9% reportó no tener acceso a servicios de salud de calidad, los que sí, el 44.6% opinó que eran MB/B.

El 11.5% dijo no tener una vivienda digna, los que sí, el 51.8% opinó que era MB/B.

Como pudo observar, salvo el salario, los derechos sociales son bien evaluados por los ciudadanos, sobre todo en salud y educación, siendo en general mayor la percepción que en el año 2007.

Otra consulta hecha a los ciudadanos fue: ¿por cuáles causas se ha sentido usted discriminado?, la respuesta fue que por su situación económica el 49.4%, su nivel educativo 10.2% y ser indígena 9%.

Otras causas menos frecuentes fueron por el barrio o el lugar donde vive, su edad o por su género.

Las ideas expresadas por los encuestados acerca de su manera de entender la justicia social fueron:

  • Proteger a los más pobres 30.8%,
  • Buscar satisfacer las necesidades básicas de todas las personas 30.8%,
  • Que cada quien reciba según su esfuerzo 18.3%, y
  • Que cada quién reciba según sus necesidades 15.6%.

Al cuestionárseles que si el dinero del gobierno no alcanza para todo, cuáles derechos sociales se debían atender primero, contestaron:

  • Educación 33.9%,
  • Salud 27.2%,
  • Creación de empleos 25.2%,
  • Alimentación 9.9%, y
  • Vivienda 2.9%.

Al decirles que cómo consideraban pudiera contribuir mejor un ciudadano a disminuir los problemas sociales, el 32.2% dijo que pagando impuestos, 21.7% que ayudando directamente a la gente; el 18.8% participando junto con el gobierno, 14.3% organizándose junto con otras personas y, 7.3% dando dinero a alguna institución social.

Es de llamar la atención que hubo un descenso de 9% en el pensamiento de que pagando impuestos fuera una mejor forma, distribuyéndose entre las otras formas.

Al preguntarles si consideraban que su situación económica actual era mejor o peor que la que tenían sus padres cuando ellos tenían 18 años, el 5.9% dijo que mucho mejor, el 43% mejor, el 26.3% peor, el 7% mucho peor e igual el 14.1%.

Respecto su percepción de su estado de salud, en escala de 0 a 10, el 73% de la población se asignó un puntaje de 8 o superior.

Al cuestionarles qué tan fácil es para una familia como la suya tener un servicio médico adecuado cada vez que lo necesitan, de 1 a 5 fue el 14.4%, muy difícil; y de 8 a 10, muy fácil, el 51.5% de la población.

En bienestar personal, al preguntar qué tanto tiempo le queda para dedicarlo a su desarrollo personal, sea para estudiar, practicar un deporte, aprender un arte, disfrutar de la familia, etcétera., el promedio fue 6.5, donde 10 es mucho.

Al cuestionarle qué tan feliz se considera usted, el promedio fue 8.1, donde 10 es muy feliz.

A la interrogante de cómo calificaría usted la calidad de vida de la comunidad o ciudad en la que vive, el promedio fue 7.5, donde 10 es la mejor calificación. El promedio fue de 7.5 para “sí estarían de acuerdo a pasar el resto de sus días en su comunidad”.

Los aspectos más importantes considerados por los encuestados para su calidad de vida fueron:

  • Su salud y la de su familia 9.2;
  • Su Educación y la de su Familia, La Seguridad Suya y la de Su Familia y, Su Calidad de vida 8.9;
  • La situación económica de su comunidad 8.5;
  • La convivencia con las personas de su comunidad 8.4;
  • La Honestidad del Gobierno y su Eficiencia 8.3.

Mi conclusión es que hay avances en la Calidad de Vida de los Mexicanos.

Estoy en espera de sus comentarios.

Publicidad y obesidad

0 comentarios

“El mayor de los errores es sacrificar la salud por cualquier otra ventaja”

Arthur Schopenhauer 1788-1860

El pasado mes de mayo presenté una iniciativa de Ley para Reformar la fracción VIII del artículo 75 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

"Artículo 75.

Son infracciones de quienes prestan servicios educativos, fracción VIII, realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo. La publicidad y comercialización de alimentos y bebidas quedará sujeta a las disposiciones de la Ley General de Salud".

De ser aprobada, esta modificación entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Lectora lector, para nadie es un secreto que la obesidad constituye un problema de salud pública que se incrementa con una velocidad alarmante.

La obesidad es un problema de salud multifactorial y como tal debe ser combatida. Los estudios internacionales sobre políticas públicas en educación para la salud afirman que la colaboración entre múltiples factores es necesaria para el eficaz desarrollo de intervenciones de educación para la salud.

Sin embargo, en algunos casos la cooperación entre autoridades educativas y sanitarias se realiza de manera incompleta por la falta de claridad entre facultades, atribuciones y ámbitos de competencia.

El caso que llama poderosamente la atención es el de la alimentación en las escuelas ante la epidemia de obesidad infantil que afecta cada vez más a nuestros niños, niñas y adolescentes. Las escuelas juegan un papel clave en el mejoramiento de la salud de las niñas y los niños y, por ende, en los futuros adultos.

Generalmente los niños y adolescentes asisten cinco días a la semana durante todo el año escolar a los planteles escolares, sean públicos o privados.

El sistema educativo mexicano tiene una amplia cobertura pues tiene colegios en comunidades de todas las entidades federativas, de toda clase social, económica y étnica.

Además de los conocimientos de orden académico, los estudiantes también aprenden pautas sociales y culturales que determinan el estilo de vida y la salud.

Dentro de las escuelas se ofrecen alimentos en las llamadas "cooperativas" que expenden un gran número de productos, muchos de ellos con un elevado contenido energético que no corresponde ni a la edad, ni a la talla, ni a la actividad física de los alumnos.

Del mismo modo existe poca disponibilidad de frutas y verduras, así como en muchas de ellas incluso hay ausencia de agua potable para su consumo.


Un dato alarmante nos señala que la ingesta durante el horario escolar puede llegar a la mitad del requerimiento mínimo diario de 800 a mil 300 calorías.

Hoy, los escolares en México, lectora lector, tienen más oportunidades de comer que para hacer ejercicio, por lo que su actividad física es limitada dentro y fuera de la escuela.


La publicidad dirigida a los niños es otro asunto que nos ocupa en la presente iniciativa por las razones siguientes: los productos alimentarios dirigidos a niños han aumentado de manera constante, de 52 productos que había en 1994 a casi 500 en 2004.

De 80 al 97 por ciento de los productos alimenticios dirigidos a los niños son de calidad nutricional baja. Además, en promedio, un niño recibe casi 40 mil impactos de anuncios por año, 72 de los cuales son para promover cereales y dulces.

Los niños y niñas con obesidad, diabetes e hipertensión entran en un círculo de enfermedad perpetua, por lo que indudablemente se verán excluidos de las oportunidades que tienen los niños sanos, ya que la salud, la educación y la alimentación tienen un reflejo en todos los aspectos de la vida.

Como está hoy la Ley, permite que se realice publicidad dentro del plantel escolar, que fomente el consumo y la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo en materia de alimentos.

La redacción de la ley vigente es, por decir lo menos, inadecuada para combatir el problema de la obesidad infantil. La actividad de las llamadas "cooperativas escolares" no está regulada por ninguna disposición a excepción de lo que señala la Ley de Educación, citada con antelación.

El 23 de abril de 1982 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de Cooperativas Escolares; sin embargo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública informó que este reglamento ha dejado de tener aplicación y que en la práctica dichas cooperativas se regulan por disposiciones administrativas.

Como es evidente, la Ley General de Sociedades Cooperativas no hace mención a las cooperativas escolares, por lo que en ausencia de un ordenamiento jurídico que rija su actividad, resulta indispensable que la Secretaría de Educación en coordinación con la Secretaría de Salud establezcan las directrices para el correcto funcionamiento de las llamadas "cooperativas escolares".


Considero que combatir la obesidad infantil es una obligación de todos nosotros.